Políticas de la editorial

Enfoque y alcance

La Revista Chilena de Derecho Privado Fernando Fueyo Laneri (RCHDP) es una publicación académica de carácter semestral, que edita la Fundación Fernando Fueyo Laneri, en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, en los meses de julio y diciembre de cada año.

Surge el año 2003, a cargo de su primer director, don Carlos Pizarro Wilson, como una iniciativa de la fundación para contribuir al estudio del derecho privado y al fomento del debate crítico. Actualmente, esta publicación está dirigida por el profesor Iñigo de la Maza Gazmuri.

La revista se enfoca en temas de derecho privado desde una perspectiva amplia, la que permite que se publiquen en Chile trabajos académicos nacionales y extranjeros, sin que resulte relevante el grado de similitud que estos últimos presenten con la legislación local. Se aspira así a constituir una herramienta a disposición de la comunidad jurídica chilena, para acercarla a las últimas tendencias nacionales, regionales e intercontinentales, en torno a la comprensión de las instituciones, principios, estándares y reglas que configuran esta rama del derecho. Asimismo, esta perspectiva amplia permite nutrirla con temáticas de otras disciplinas afines, en la medida en que contribuyan al propósito declarado.

 

Políticas de sección y tipologías documentales

Artículos de Doctrina

Comprobado Abrir envíos Comprobado Indizado Comprobado Evaluado por pares

Doctrina y Jurisprudencia Comparada

Comprobado Abrir envíos Comprobado Indizado Comprobado Evaluado por pares

Comentarios de Jurisprudencia

Comprobado Abrir envíos Sin comprobar Indizado Comprobado Evaluado por pares

Actualidad Legislativa

Comprobado Abrir envíos Comprobado Indizado Comprobado Evaluado por pares

Recensiones

Comprobado Abrir envíos Comprobado Indizado Comprobado Evaluado por pares
 

Política de acceso abierto

Esta revista proporciona un acceso abierto inmediato a su contenido, basado en el principio de que ofrecer al público un acceso libre a las investigaciones ayuda a un mayor intercambio global de conocimiento.

 

Contenido y destinatarios

Sus contenidos se estructuran en torno a tres secciones permanentes: Doctrina, Doctrina y jurisprudencia comparada y Comentarios de Jurisprudencia. Como secciones ocasionales, se editan Opinión Profesional y Recensiones.

La publicación se encuentra dirigida a académicos, abogados, jueces y cualquier operador del sistema jurídico que, tanto desde una perspectiva teórica como desde una práctica busque profundizar sus conocimientos en esta área del ordenamiento.

 

 

Compromiso académico

La Revista Chilena de Derecho Privado tiene un compromiso de sus trabajos con elevados estándares académicos, incluyendo una serie de consideraciones éticas al respecto, según los usos comúnmente aceptados por este tipo de publicaciones.

 

Compromiso con la difusión del conocimiento

La Revista Chilena de Derecho Privado mantiene un compromiso con la más amplia difusión del conocimiento que, sin embargo, resulte consistente con el respeto de los derechos no patrimoniales de los autores. Por lo mismo, todos los contenidos se encuentran licenciados bajo CC-BY

 

DIRECTIVAS ÉTICAS

1. DIRECTIVAS ÉTICAS DE LA PUBLICACIÓN Y DECLARACIÓN RESPECTO DE MALAS PRÁCTICAS

La publicación de un artículo en una revista con revisión de pares como la Revista Chilena de Derecho Privado de la Fundación Fernando Fueyo Laneri constituye un compromiso con el avance del conocimiento en el ámbito jurídico. Resulta, entonces, relevante establecer un compromiso ético respecto de esta actividad entre todas las partes que se involucran en esta empresa: autores, equipo editorial, comité editorial, árbitros de cada trabajo y demás personas que, bajo su responsabilidad, publican la revista. 

2. DEBERES

2.1. Deberes de los autores

Los autores de artículos originales deben enviar únicamente manuscritos que sean el resultado de una investigación original. Si se han servido del trabajo o las ideas de otros, ello debe ser reconocido en forma adecuada según las reglas de citación o registro pertinentes.

El plagio, en cualquiera de sus formas es una conducta éticamente inaceptable. De igual manera, allí donde resulte necesario, la información obtenida de otros trabajos ha de haber sido autorizada.

La autoría debe limitarse a quienes han hecho una contribución sustancial. Todos los investigadores que hayan participado de esta manera se consideran como autores y todos ellos han de haber  aceptado enviar el trabajo para su publicación.

La información de que se ha servido debe presentarse de una manera que permita a otros acceder a las fuentes utilizadas. Eventualmente, podrá solicitarse a los autores que suministren la información empleada en la elaboración de su trabajo, para la labor de arbitraje y que la mantengan disponible durante un tiempo razonable después de la publicación.

El autor no deberá enviar el mismo trabajo a varias publicaciones ni enviar un trabajo que contenga, sustancialmente, la misma investigación que ya se ha publicado en otros lugares. En caso de que mantenga dudas al respecto, debe informarlo en el envío de su manuscrito.

Se ha de informar en el artículo, la fuente del financiamiento de su trabajo o la existencia de conflictos de interés que repercutan sobre la imparcialidad de la investigación. Así, por ejemplo, el hecho de que se trate de un informe en derecho o algún otro tipo de opinión que haya sido financiada para defender un determinado interés.

En el evento de que, con posterioridad al envío del escrito, descubra errores o faltas de exactitud en el mismo, debe informarlo a la mayor brevedad posible al editor de la revista y señalar la forma de corregir la situación.

2.2. Deberes del Comité Editorial

El Comité Editorial de la Revista Chilena de Derecho Privado es el responsable de la publicación de los manuscritos enviados por los autores. Por lo mismo, deberá emplear el cuidado debido para tutelar de forma adecuada los derechos de autor y evitar el plagio en cualquiera de sus formas. En este sentido, será deber del Director de la Revista informar al Comité Editorial acerca de cualquier conducta reñida con la ética.

La evaluación de los manuscritos debe hacerse en consideración sólo de su calidad intelectual con total independencia de la raza, género, orientación sexual, creencias religiosas, origen étnico, nacionalidad o convicciones políticas de los autores.

El Comité y el Director guardarán estricta confidencialidad respecto de los manuscritos que reciban. La distribución de ellos se limitará sólo a quienes deban arbitrarlos y en la medida en que sean aceptados, al responsable de la publicación.

Deberán abstenerse de emplear los manuscritos en sus propias investigaciones antes de que sean publicados, a menos de que exista un consentimiento expreso del autor que lo envió. En la medida en que perciba un conflicto de interés en su labor respecto de un escrito, deberá abstenerse de participar en su proceso de revisión.

Deberán llevar el procedimiento por infracciones a la ética de manera adecuada, garantizando su razonabilidad. Asimismo, deberán resguardar la posibilidad de que el autor a quien se le reprocha la eventual conducta contraria a la ética, formule sus descargos y defensas.

2.3. Deberes de los árbitros

La publicación de un trabajo para su publicación en la Revista exige dos arbitrajes ciegos que lo aprueben.

La revisión anónima y por pares constituye un elemento esencial en la producción del conocimiento. La labor de los árbitros consiste en evaluar la adecuación del escrito enviado a los estándares formales y de fondo de la Revista Chilena de Derecho Privado. En el marco de esta labor, deben informar justificadamente si, en su opinión, el trabajo satisface los requisitos para su publicación y si procediere, indicar las modificaciones que resultan necesarias para su mejora. Su opinión debe encontrarse suficientemente justificada, manifestando con claridad por qué aconseja o no la publicación del manuscrito y las eventuales modificaciones que sugiere.

Su labor de revisión se realizará de la manera más objetiva posible, prescindiendo de críticas personales al autor.

Si alguno considera que no se encuentra calificado para la evaluación de un manuscrito o que no podrá hacerlo con la prontitud solicitada por el Comité Editorial, deberá comunicarlo a la mayor brevedad posible. Asimismo, consignará si considera que la investigación no cita publicaciones. Especialmente relevante es que si nota cualquier riesgo de plagio lo informe.

Deberán tratar con confidencialidad los manuscritos que reciban. De manera que se abstendrán de emplearlos en sus propias investigaciones o comunicarlos a terceros. Igualmente, deben abstenerse de ejecutar la revisión si notan cualquier conflicto de interés, incluyendo –pero no limitado a– trabajos en colaboración con el autor, relaciones de cercana familiaridad o amistad con el autor, enemistad, competencia en proyectos, etcétera. 

3. PROCEDIMIENTO POR CONDUCTAS CONTRARIAS A LA ÉTICA

Cualquier persona que detecte una conducta contraria a la ética que afecte a esta Revista, podrá dirigir una denuncia por cualquier medio razonable, informándola. Resultará irrelevante el momento en que se hay cometido dicha falta.

Constituyen conductas contrarias a la ética el plagio, la omisión de referencias a las coautorías, la falta de indicación del uso de fuentes, el envío total o parcial de escritos ya publicados, el uso de artículos no publicados por parte de algún árbitro, del Director  o de un miembro del Comité Editorial, la revisión del manuscrito existiendo conflictos de interés y en general, cualquier otra que comprometa el objetivo de esta publicación, es decir, promover el avance del conocimiento en los temas de derecho privado.

Quien dirija la denuncia, deberá acompañar antecedentes suficientes que la tornen plausible. Recibida cualquier denuncia y  sus antecedentes fundantes, se comenzará una investigación. El objetivo de dicha investigación consistirá en evaluar adecuadamente la existencia –o no –de la conducta denunciada.

Aunque se trata de un procedimiento sin mayores formalidades, se asegurará una tramitación en forma expedita y la acumulación de información necesaria, lo que incluye –pero no se limita –a la eventual participación de expertos. Se velará en todo momento porque la persona a quien se le reprocha una conducta contraria a la ética tenga la oportunidad de formular sus descargos.

Los modelos de procedimiento que se seguirán respecto de las distintas causas que pudiesen originar un reclamo, serán aquellas elaboradas por el Committee on Publications Ethics, cuyo detalle se sigue en http://publicationethics.org/files/Spanish%20%281%29.pdf

Mientras no exista una decisión acerca de la eventual infracción, la investigación se mantendrá confidencial, evitando lesionar innecesariamente el prestigio del eventual afectado.

Las infracciones pueden ser leves o graves. En el primer caso, la decisión se tomará de manera expedita y el Director consultará a dos miembros del Comité Editorial. En el segundo caso, deberá informarse a todos los miembros del Comité Editorial y solicitar su opinión acerca de la necesidad de contar con un experto que evalúe la situación y la conveniencia de informar al empleador de quien ha incurrido en la conducta acerca de ella.

Concluida la investigación, podrán  aplicarse una o más de las siguientes medidas, de acuerdo con la gravedad de la infracción. 

  • Informar a la persona acerca de la existencia de un eventual malentendido o aplicación incorrecta de los estándares éticos de la publicación.
  • Advertir a la persona en términos más severos que su conducta no es aceptable y que no puede repetirse hacia el futuro.
  •  Publicación en la misma Revista de una nota o editorial, indicando la infracción a la ética
  • Enviar una carta formal e informativa al empleador o a la institución a que pertenezca la persona a quien se reprocha la falta.
  • Eliminar la publicación de la Revista, aun cuando ya haya sido aceptada. Tratándose de la versión electrónica, eliminarla con independencia de cuándo haya sido publicada, informándoselo al empleador o a la institución a que pertenezca la persona que cometió la infracción.
  • En caso de que la conducta corresponda a un ilícito penal, informarlo a las autoridades correspondientes